El pasado mes de agosto, el consejo de la ciudad de Bryan puso al juez que presidía la corte municipal en descanso administrativo y no renovó su contrato.
Ahora, el ex juez ha presentado una demanda buscando entre $200,000 y $5 millones de dólares en daños monetarios.
Albert Navarro alega discriminación racial, que es una existencia de un patrón persistente de prácticas de empleo ilegales, y represalias por haber presentado una queja ante el Estado.
La respuesta de la ciudad a la demanda presentada en el tribunal de distrito del condado de Brazos es que los jueces municipales no son empleados de la ciudad, que Navarro no está protegido por la ley estatal que cita en su demanda, y que la ciudad está protegida por la inmunidad gubernamental.
La respuesta de la ciudad no indica por qué el consejo no renovó el contrato de Navarro.
La ciudad describió la razón por la que Navarro fue puesto en licencia administrativa con sueldo dos meses antes de que su contrato terminara fue por su “reacción airada y ruidosa al aviso de que no sería renovado”, que “conmocionó y asustó a los empleados de la ciudad” que estaban presentes. Y la ciudad admite que el jefe de policía pidió a Navarro “que abandonara las instalaciones de la ciudad” “por motivos de seguridad” “tras la reacción inapropiada de Navarro” cuando se enteró de que no iba a ser reelegido.
La ciudad también niega las afirmaciones de Navarro de que fue discriminado al ser sometido a un ambiente de hostilidad que incluyó varias acciones disciplinarias frívolas que finalmente resultaron en un despido improcedente.
Navarro estaba en su séptimo año como juez presidente y en su duodécimo año con el tribunal municipal de Bryan cuando el consejo dio el aviso.
Su demanda afirma que un comunicado de prensa de la ciudad que contiene hechos injustificados ha puesto en peligro su licencia de abogado y lo ha difamado ante futuros empleadores potenciales, lo cual es una afirmación que la ciudad también niega.
De acuerdo con los registros en línea, el juez de primera instancia está programado para revisar el estatus de la demanda el 7 de julio.